Por Alistair Thomson

(Versión en English)

La corrupción —el abuso de un cargo público para enriquecerse— es un monstruo de muchas cabezas. En muchos países, se trata de un fenómeno generalizado, pero son pocos los casos que salen a la luz y aun menos los que culminan en una condena. La magnitud global, sin embargo, es enorme: según algunas estimaciones, USD 1 billón cambian de manos cada año debido a sobornos, y esa es solo una de las facetas de la corrupción. Las cifra exacta constituye un tema de debate, pero la importancia del problema es indiscutible.

La carga recae desproporcionadamente en los sectores marginados. La corrupción drena las arcas del Estado y lastra el crecimiento económico de diversas maneras. Al igual que otros analistas, los economistas del FMI han examinado los vínculos entre la corrupción y el aumento de la mortalidad infantil, así como la disminución del gasto en educación y atención de la salud, que golpean con especial dureza a los pobres. En otras palabras, la corrupción exacerba la desigualdad, y provoca un efecto en cascada: la interacción entre una y otra alimenta el populismo, de acuerdo con un análisis publicado hace poco por el grupo de lucha contra la corrupción Transparency International.

“Cuando la corrupción es sistémica, dificulta la movilización de la inversión por parte de los gobiernos”, afirmó Sean Hagan, Consejero Jurídico del FMI, ante la Red Parlamentaria Mundial en ocasión de las Reuniones de Primavera de la institución. La corrupción socava las instituciones y los sistemas financieros, desalienta la inversión externa y distorsiona los flujos internacionales de capital. Estos riesgos para el crecimiento económico y la estabilidad financiera son precisamente lo que lleva al FMI a colaborar con los países miembros para mejorar las instituciones públicas y los marcos jurídicos, como lo señaló el año pasado un análisis del personal técnico sobre los costos y los antídotos contra la corrupción.

Son varios los flancos críticos en los que el FMI ataca la corrupción:

  • Cuando resulta esencial hacerlo, los expertos jurídicos y financieros del FMI brindan asesoramiento específico sobre la lucha contra la corrupción en los informes del Artículo IV –las radiografías anuales de cada economía nacional– y los programas de crédito. Los programas concebidos para países que enfrentan retos específicos ofrecen asistencia técnica y capacitación para los funcionarios públicos, con especial atención al blanqueo de fondos generados por la corrupción. Ese aspecto forma parte también de cada evaluación del sector financiero, que se han comprometido a realizar quinquenalmente los países del G20 que representan alrededor de 85% de la economía mundial.
  • Nuestros expertos fiscales y financieros ayudan a los países a mejorar la gestión financiera pública, la recaudación de impuestos y la transparencia del gasto público, de modo que congresales y ciudadanos puedan exigir al gobierno una rendición de cuentas. Hemos creado herramientas como la Evaluación de la Transparencia Fiscal (FTE), la Herramienta Diagnóstica de Evaluación de la Administración Tributaria (TADAT) y la Evaluación de la Gestión de la Inversión Pública (PIMA), y colaborado con el Banco Mundial y otros socios para establecer el Marco de Responsabilización Financiera y del Gasto Público (PEFA) y la Evaluación del Desempeño de la Gestión de la Deuda (DeMPA).
  • El FMI aporta sus conocimientos, su experiencia y su alcance mundial a iniciativas internacionales como la iniciativa de transparencia en las industrias extractivas y el grupo de trabajo del G20 contra la corrupción.
  • Nuestros especialistas en estadísticas ayudan a los países miembros a mejorar la calidad de los datos económicos nacionales y su divulgación, entre otras cosas mediante el establecimiento de normas internacionales, que contribuyen a la gobernanza y la transparencia.
  • Los expertos del FMI ayudan a los bancos centrales a mejorar los mecanismos de gobernanza, los controles internos y la transparencia. Por ejemplo, en Albania y Bangladesh, se han afianzado los controles para evitar nuevos robos en los bancos centrales. Cuando otorgamos un crédito, nuestros especialistas financieros llevan a cabo una “evaluación de salvaguardias” para cerciorarse de que el banco central receptor administra los fondos velando por su seguridad y la rendición de cuentas.

Estos esfuerzos están dando fruto. Kenya, Indonesia y Ucrania, por ejemplo, han fortalecido sus marcos legislativos de lucha contra la corrupción y las funciones de ejecución legislativa con ayuda del FMI. Retuvimos desembolsos que debía recibir Malí en 2014 debido a la compra de un nuevo avión presidencial que ocurrió fuera del presupuesto, poniendo en marcha una auditoría que desembocó en la cancelación de otros contratos problemáticos y la adopción de procedimientos de presupuestación y contratación más estrictos. En 2016, suspendimos los créditos a Mozambique a la espera de mejoras de la auditoría y la transparencia tras descubrir un endeudamiento externo por más de USD 1.000 millones. A escala internacional, atacamos el problema de empresas y fideicomisos utilizados para ocultar la identidad de los verdaderos propietarios de activos y cuentas incorporando las normas formuladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional a nuestra labor regular contra el lavado de dinero, con lo cual facilitamos la identificación y el rastreo de los frutos de la corrupción.

A pesar de todos estos avances, el mensaje rotundo de los países miembros en las Reuniones de Primavera de abril fue: “¡Sigan adelante!” Como lo pusieron de manifiesto los casos recientes de Corea y Brasil, los actos de corrupción pueden llegar a los altos niveles de gobierno y las oportunidades para cometerlos y ocultarlos en beneficio propio evolucionan constantemente en una era de rápidos avances tecnológicos.

La enorme carga que representa la corrupción, y la amenaza que plantean grupos terroristas internacionales como el del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) y Al Qaeda, que se nutren de fondos ilícitos, ilustran la urgencia de esta empresa. “Es imperativo que el FMI se coloque a la cabeza de la lucha contra la corrupción”, declaró Stephen Mnuchin, Secretario del Tesoro estadounidense.

La corrupción no se detiene, pero nosotros tampoco. El FMI se está planteando cómo encarar la corrupción y otras dimensiones de la gobernanza a pedido de los miembros el año pasado. Estamos analizando cómo estrechar los lazos con otros organismos; por ejemplo, aprovechando la experiencia de los expertos de Transparency International para fortalecer nuestras evaluaciones de la transparencia fiscal.

Si no se le ponen riendas, la corrupción es como la hidra, aquella figura mitológica dotada de la virtud de regenerar dos cabezas cuando se le cortaba una. En colaboración con los miembros y otros socios, estamos empeñados en seguir adelante: el lastre que la corrupción representa para el crecimiento mundial, tanto de las economías como de los ciudadanos, significa que la tarea es prioritaria.