(foto: Joaquin Sarmiento/iStock de Getty Images)

Por Gita Gopinath

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La recuperación mundial continúa en un contexto de aumento de la incertidumbre y de disyuntivas más complejas en materia de políticas.

La recuperación mundial continúa, pero ha perdido ímpetu, obstaculizada por la pandemia. Impulsado por la variante delta, sumamente contagiosa, el número de muertes por COVID-19 documentadas a escala mundial roza ya los 5 millones y abundan los riesgos para la salud, lo cual impide volver a la plena normalidad. Los brotes pandémicos en vínculos esenciales de las cadenas mundiales de suministro han provocado demoras imprevistas en el abastecimiento, estimulando la inflación en muchos países. En general, los riesgos para las perspectivas económicas han aumentado y las disyuntivas en materia de políticas son ahora más complejas.

En comparación con las previsiones de julio, la proyección del crecimiento mundial para 2021 se ha revisado ligeramente a la baja y se sitúa ahora en 5,9%, mientras que la correspondiente a 2022 se mantiene sin variación en 4,9%. No obstante, esta modesta revisión global enmascara las fuertes revisiones a la baja en algunos países. Las perspectivas para el grupo de países en desarrollo de bajo ingreso se han ensombrecido considerablemente debido a la negativa evolución de la pandemia. Esta rebaja de las previsiones también refleja el deterioro de las perspectivas a corto plazo en el grupo de economías avanzadas, debido en parte a los trastornos del suministro. Las proyecciones de algunos exportadores de materias primas han mejorado, impulsadas por el aumento de los precios de las materias primas, lo cual ha compensado parcialmente estas variaciones. Las perturbaciones relacionadas con la pandemia que han afectado a sectores de contacto intensivo han hecho que, en la mayoría de los países, la recuperación del mercado laboral sufra un rezago importante respecto de la recuperación del producto.

La peligrosa divergencia de las perspectivas económicas de los países sigue siendo uno de los principales motivos de preocupación. Se prevé que el producto agregado del grupo de economías avanzadas recupere la trayectoria de la tendencia previa a la pandemia en 2022 y la supere en un 0,9% en 2024. En cambio, se espera que el producto agregado del grupo de economías de mercados emergentes y en desarrollo (excluida China) se mantenga en 2024 un 5,5% por debajo de las previsiones prepandémicas, lo cual provocaría un fuerte retroceso de los logros en la mejora del nivel de vida.

Estas divergencias son consecuencia de la «gran brecha de las vacunas» y de las amplias disparidades en las políticas de apoyo. Mientras que casi el 60% de la población de las economías avanzadas ya está completamente vacunada, e incluso se están administrando dosis de refuerzo, aproximadamente el 96% de la población de los países de bajo ingreso sigue sin vacunar. Además, ante el endurecimiento de las condiciones financieras y el aumento del riesgo de desanclaje de las expectativas de inflación, muchas economías emergentes y en desarrollo están replegando a mayor velocidad las políticas de apoyo, pese a la profunda escasez de producción.

Los trastornos del suministro plantean otro reto a las políticas. Por un lado, los brotes pandémicos y las perturbaciones climáticas han provocado escasez de los principales insumos y han reducido la actividad manufacturera en varios países. Por otro lado, estos problemas de abastecimiento, unidos a la liberación de la demanda reprimida y el repunte de los precios de las materias primas, han causado un rápido aumento de la inflación de precios al consumidor, por ejemplo, en Estados Unidos, Alemania y muchas economías de mercados emergentes y en desarrollo. Los precios de los alimentos han subido en la mayoría de los países de bajo ingreso que más padecen inseguridad alimentaria, agravando la carga de los hogares más pobres y elevando el riesgo de malestar social.

En la edición de octubre de 2021 del Informe sobre la estabilidad financiera mundial (informe GFSR) se hace hincapié en otro de los desafíos que enfrenta la política monetaria, el que se deriva de una asunción excesiva de riesgos en los mercados financieros y el aumento de las fragilidades en el sector de las instituciones financieras no bancarias.

Prioridades en materia de políticas

 Uno de los principales denominadores comunes de estos complejos desafíos es el control que la pandemia sigue ejerciendo sobre todos los ciudadanos del mundo. Por tanto, la principal prioridad en materia de políticas es vacunar al menos al 40% de la población en todos los países de aquí a finales de 2021 y al 70% para mediados de 2022. Esto obligará a los países de ingreso alto a cumplir sus compromisos de donación de dosis de vacunas, coordinar con los fabricantes para priorizar las entregas al mecanismo COVAX en el corto plazo y eliminar las restricciones comerciales al flujo de vacunas y los insumos de estas. Al mismo tiempo, subsanar la brecha residual de USD 20.000 millones en donaciones para financiar pruebas diagnósticas, terapias y la vigilancia genómica permitirá salvar vidas ahora y mantener listas las vacunas para su propósito. De cara al futuro, los fabricantes de vacunas y los países de ingreso alto deben respaldar la expansión de la producción regional de vacunas contra la COVID-19 en los países en desarrollo, a través de soluciones de financiamiento y transferencia de tecnología.

Otra prioridad urgente a escala mundial es la necesidad de frenar el aumento de las temperaturas mundiales y contener el crecimiento de los efectos adversos del cambio climático. Esto exigirá compromisos más ambiciosos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26). Una estrategia de política que abarque un precio mínimo internacional del carbono ajustado a las circunstancias de cada país, un impulso a la inversión pública verde y los subsidios a la investigación, y transferencias compensatorias y focalizadas a los hogares pueden ayudar a promover la transición energética de forma equitativa. Del mismo modo, los países avanzados deben cumplir lo prometido y movilizar USD 100.000 millones anuales en financiamiento climático para países en desarrollo.

Además, las iniciativas multilaterales concertadas para asegurar un nivel adecuado de liquidez internacional a las economías en dificultades y una implementación más rápida del marco común del G-20 para reestructurar la deuda insostenible ayudarán a limitar las divergencias entre países. Basándose en la asignación histórica de derechos especiales de giro (DEG) equivalente a USD 650.000 millones, el FMI insta a los países con sólidas posiciones externas a canalizar sus DEG en forma voluntaria a través del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza. Asimismo, el FMI está estudiando la posibilidad de crear el Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad, que prestaría financiamiento a largo plazo para respaldar la inversión de los países en un crecimiento sostenible.

A nivel nacional, el conjunto general de políticas debería seguir adaptado a las condiciones locales de la pandemia y la economía, apuntando al empleo sostenible máximo sin poner en peligro la credibilidad de los marcos de política. Ante el margen de maniobra fiscal cada vez más limitado en muchas economías, el gasto sanitario debe seguir siendo prioritario; por su parte, las líneas de salvataje y las transferencias tendrán que estar cada vez más focalizadas y verse reforzadas con medidas de reorientación laboral y apoyo para la reasignación de la mano de obra. Cuando la situación sanitaria mejore, las políticas podrán centrarse cada vez más en las metas estructurales a largo plazo.

Con los niveles de deuda pública situados en máximos históricos, todas las iniciativas deben cimentarse en marcos a mediano plazo creíbles y contar con el respaldo de medidas de ingreso y gasto plausibles. En el informe Monitor Fiscal de octubre de 2021 se demuestra que la credibilidad puede reducir los costos de financiamiento de los países y aumentar su margen de maniobra fiscal a corto plazo. 

La política monetaria deberá encontrar un delicado equilibrio entre abordar la inflación y los riesgos financieros, y respaldar la recuperación económica. En este entorno de elevada incertidumbre, proyectamos que la inflación general seguramente vuelva a situarse en los niveles observados antes de la pandemia para mediados de 2022 en el caso de las economías avanzadas y las economías emergentes y en desarrollo. No obstante, la heterogeneidad entre países es considerable y algunos de ellos presentan riesgos al alza, como Estados Unidos, el Reino Unido y algunas economías de mercados emergentes y en desarrollo. Pese a que, en general, la política monetaria puede hacer caso omiso al aumento transitorio de la inflación, los bancos centrales deben prepararse para actuar con celeridad si los riesgos de crecientes expectativas inflacionarias cobran importancia en esta recuperación de características desconocidas. Los bancos centrales deben diseñar medidas contingentes, anunciar con claridad los factores de activación y actuar en consecuencia con sus comunicaciones.

En términos más generales, la claridad y las acciones coherentes pueden ser muy útiles para evitar innecesarios accidentes de políticas que sacudan los mercados financieros y obstaculicen la recuperación mundial: desde no aumentar de forma oportuna el tope de endeudamiento de Estados Unidos hasta las turbulentas reestructuraciones de deuda en el sector inmobiliario de China y el agravamiento de las tensiones comerciales y tecnológicas transfronterizas.

Los acontecimientos recientes han dejado sobradamente claro que esto nos compete a todos y que la pandemia no habrá terminado en ningún sitio hasta que haya acabado en todas partes. Si la COVID-19 tuviese efectos prolongados en el mediano plazo, podría generar una reducción acumulada del PIB mundial de USD 5,3 billones en los próximos cinco años con respecto a nuestra proyección actual. No tiene por qué ser así. La comunidad internacional debe redoblar los esfuerzos para garantizar el acceso equitativo de cada país a las vacunas, acabar con la reticencia a vacunarse allí donde el suministro sea adecuado, y garantizar una mejora de las perspectivas económicas para todos.