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Por Tobias Adrian y Rhoda Weeks-Brown

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Las nuevas formas digitales de dinero tienen el potencial de ofrecer pagos más baratos y rápidos, aumentar la inclusión financiera, mejorar la resiliencia y la competencia de los proveedores de servicios de pago y facilitar las transferencias transfronterizas.

Pero esto no es sencillo de conseguir. Requiere importantes inversiones y difíciles decisiones de política, como es la definición del papel de los sectores público y privado en la oferta y regulación de las formas digitales de dinero.

Algunos países podrían verse tentados a tomar un atajo: adoptar criptoactivos como moneda nacional. Muchos de ellos son en efecto seguros, de fácil acceso y de transacción barata. Sin embargo, creemos que en la mayoría de los casos, los riesgos y los costos superan los posibles beneficios.

Los criptoactivos son fichas emitidas de forma privada mediante técnicas criptográficas y denominadas en su propia unidad de cuenta. Su valor puede ser extremadamente volátil. El bitcóin, por ejemplo, alcanzó un máximo de USD 65.000 en abril y se desplomó hasta menos de la mitad de ese valor dos meses después.

Y, aun así, el bitcóin sigue vivo. Para algunos, es una oportunidad de realizar transacciones de forma anónima, para bien o para mal. Para otros, es una forma de diversificar carteras y mantener un activo especulativo que puede generar fortuna, pero también importantes pérdidas.

Así, los criptoactivos son fundamentalmente diferentes de otros tipos de dinero digital. Los bancos centrales, por ejemplo, están considerando la emisión de monedas digitales: dinero digital emitido en forma de pasivo del banco central. Las empresas privadas también están ampliando fronteras, con dinero que puede enviarse a teléfonos móviles, popular en África Oriental y China, y con monedas estables, cuyo valor depende de la seguridad y la liquidez de los activos que las garantizan.

¿Criptoactivos como moneda de curso legal?

El bitcóin y sus homólogos se encuentran en gran parte en la periferia de las finanzas y los pagos, y sin embargo algunos países están considerando seriamente otorgar a los criptoactivos el estatus de moneda de curso legal e, incluso, convertirlos en una segunda (o potencialmente la única) moneda nacional.

Si se otorgara a un criptoactivo el estatus de moneda de curso legal, los acreedores tendrían que aceptarlo como medio de pago de obligaciones monetarias, como son los impuestos, de forma similar a los billetes y a las monedas en circulación (dinero legal) emitidos por el banco central.

Los países pueden ir aún más lejos y aprobar leyes que fomenten el uso de criptoactivos como moneda nacional, es decir, como unidad monetaria oficial (en la que pueden expresarse las obligaciones monetarias) y forma de pago obligatoria en las compras diarias.

Es difícil que los criptoactivos se impongan en países cuya inflación y tipos de cambio son estables y que cuentan con instituciones creíbles. Los hogares y las empresas tendrían muy pocos incentivos para fijar precios o ahorrar en un criptoactivo paralelo como el bitcóin, aun cuando se le concediera el estatus de dinero legal o moneda de curso legal. Su valor es demasiado volátil y sin relación con la economía real.

Incluso en economías relativamente menos estables, el uso de monedas de reserva internacionalmente reconocidas, como el dólar o el euro, sería más atractivo que adoptar un criptoactivo.

Los criptoactivos podrían imponerse como vehículo para que las personas que no disponen de cuenta bancaria realicen pagos, pero no como reserva de valor. Se cambiarían inmediatamente por moneda real una vez recibidos.

Por otro lado, puede que la moneda real no siempre sea de fácil acceso ni que sea fácilmente transferible. Además, en algunos países, la legislación prohíbe o limita los pagos en otras formas de moneda. Esto podría inclinar la balanza hacia el uso generalizado de criptoactivos.

Proceder con precaución

El costo más directo de la adopción generalizada de criptoactivos, como el bitcóin, es la estabilidad macroeconómica. Si se fijaran los precios de los bienes y servicios tanto en moneda real como en criptoactivos, los hogares y las empresas emplearían tiempo y recursos importantes en elegir qué moneda mantener, en lugar de participar en actividades productivas. De forma similar, los ingresos fiscales se verían expuestos al riesgo de tipo de cambio si los impuestos se indicaran por adelantado en criptoactivos, mientras que los gastos siguieran estando en su mayoría en moneda nacional, o viceversa.

También, la política monetaria perdería fuerza. Los bancos centrales no pueden fijar tasas de interés para una moneda extranjera. Normalmente, cuando un país adopta una moneda extranjera como propia, «importa» la credibilidad de la política monetaria extranjera y espera que su economía —y sus tasas de interés— se ajusten al ciclo económico extranjero. Nada de esto es posible en el caso de la adopción generalizada de criptoactivos.

Como resultado, los precios domésticos podrían volverse altamente inestables. Incluso si todos los precios se indicaran, por ejemplo, en bitcóin, los precios de los bienes y los servicios importados seguirían fluctuando enormemente, siguiendo los vaivenes de las valoraciones del mercado.

La integridad financiera también sufriría. Sin medidas sólidas de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, los criptoactivos pueden ser utilizados para lavar dinero obtenido por medios ilícitos, financiar el terrorismo y evadir impuestos. Esto podría presentar riesgos para el sistema financiero de un país, su balance fiscal y sus relaciones con países extranjeros y sus correspondientes bancos.

El Grupo de Acción Financiera Internacional ha establecido una norma sobre cómo deben regularse los activos virtuales y los proveedores de servicios relacionados para limitar los riesgos a la integridad financiera. Pero la aplicación de esa norma todavía no es uniforme entre los países, lo que puede ser problemático dado el potencial de actividades transfronterizas.

Surgen nuevos problemas legales. El estatus de moneda de curso legal requiere que el medio de pago sea ampliamente accesible. Sin embargo, el acceso a internet y la tecnología necesaria para transferir criptoactivos siguen siendo escasos en muchos países, lo que plantea cuestiones de equidad e inclusión financiera. Además, la unidad monetaria oficial debe tener un valor suficientemente estable para facilitar su uso en obligaciones monetarias a mediano y largo plazo. Y los cambios en el estatus de moneda de curso legal y la unidad monetaria de un país suelen exigir modificaciones complejas y amplias a la legislación monetaria para evitar crear un sistema legal desarticulado.

Asimismo, los bancos y otras instituciones financieras podrían verse expuestos a las grandes fluctuaciones de los precios de los criptoactivos. No está claro si la regulación prudencial frente a las exposiciones a moneda extranjera o activos de riesgo de los bancos podría mantenerse si, por ejemplo, el bitcóin obtuviera el estatus de moneda de curso legal. 

Además, el uso generalizado de criptoactivos socavaría la protección de los consumidores. Los hogares y las empresas podrían perder riqueza debido a las grandes fluctuaciones del valor, el fraude o los ciberataques. Si bien la tecnología que subyace a los criptoactivos ha demostrado ser extremadamente robusta, pueden producirse fallos técnicos. En el caso del bitcóin, el recurso es difícil, ya que no existe un emisor legal.

Por último, los criptoactivos minados, como el bitcóin, requieren una enorme cantidad de electricidad para alimentar las redes informáticas que verifican las transacciones. Las implicaciones ecológicas de la adopción de estos criptoactivos como moneda nacional podrían ser nefastas.

Lograr un equilibrio

En cuanto moneda nacional, los criptoactivos —incluido el bitcóin— vienen acompañados de riesgos importantes para la estabilidad macrofinanciera, la integridad financiera, la protección de los consumidores y el medio ambiente. Las ventajas de sus tecnologías subyacentes, incluido el potencial de servicios financieros más baratos e inclusivos, no deben ignorarse. No obstante, los gobiernos deben intensificar los esfuerzos para ofrecer estos servicios y aprovechar las nuevas formas digitales de dinero al tiempo que mantienen la estabilidad, la eficiencia, la igualdad y la sostenibilidad medioambiental. Intentar convertir criptoactivos en moneda nacional es un atajo nada aconsejable.