(foto: LewisTsePuiLung/ iStock by Getty Images)

Por Metodij Hadzi-Vaskov, Samuel Pienknagura y Luca Ricci

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Las secuelas económicas de la pandemia están provocando un aumento de las protestas, cuyas consecuencias económicas podrían ser duraderas.

Las protestas pueden ser detonantes de reformas políticas y cambios sociales. Pero, ¿qué impacto tienen sobre la economía?

De acuerdo con el último Índice de Paz Global, el número de disturbios, huelgas generales y manifestaciones antigubernamentales en todo el mundo ha aumentado en un alarmante 244% en la última década. Los confinamientos y el miedo a los contagios forzaron una pausa temporal. Pero prácticamente en todas las regiones del mundo han reaparecido los manifestantes. Las causas varían entre la frustración por la gestión de la crisis por parte de los gobiernos y el aumento de la desigualdad y la corrupción, factores que suelen incrementar las tensiones y disparidades existentes, y que en los períodos posteriores a pandemias anteriores han dado lugar a tensiones sociales.   

Utilizamos el Índice de Tensión Social Reportada (RSUI, por sus siglas en inglés) —un índice elaborado por el personal técnico del FMI sobre la base de la cobertura mediática— y hallamos que los costos económicos a corto y mediano plazo de la tensión social pueden ser de hecho bastante pronunciados, sobre todo en las economías de mercados emergentes y en desarrollo (no estudiamos los posibles impactos a largo plazo).

Una nueva ola de tensión podría afectar a la recuperación

En nuestro documento de trabajo, estimamos el impacto macroeconómico de la tensión social durante el período 1990–2019. Además, identificamos eventos de tensión social —eventos que generan un aumento inusualmente alto del RSUI— y los clasificamos en tres categorías, según la causa subyacente del factor desencadenante: políticos, socioeconómicos y mixtos.

Por poner un ejemplo real, pensemos en las manifestaciones que siguieron a la elección del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, en 2012, o en las elecciones presidenciales de Chile de 2013. Se trata de shocks menos significativos equivalentes a una desviación estándar, lo que puede reducir el PIB en aproximadamente 0,2 puntos porcentuales seis meses después del shock. 

En comparación, las protestas de julio de 2019 en la RAE de Hong Kong y las protestas de los chalecos amarillos de 2018 en Francia —que alcanzan el umbral de eventos de tensión social, definido anteriormente— resultaron en un aumento de 4 desviaciones estándar en el RSUI, provocando una reducción del PIB de aproximadamente 1 punto porcentual.   

Estos efectos en el PIB parecen estar impulsados por contracciones pronunciadas en las manufacturas y los servicios (dimensión sectorial), así como en el consumo (dimensión de la demanda). Nuestros resultados también sugieren que la tensión social afecta a la actividad debido a la disminución de la confianza y al aumento de la incertidumbre.

No todos los países y los eventos son iguales

También hallamos que el impacto adverso de la tensión suele ser mayor en países con instituciones débiles y margen de maniobra de la política económica limitado. Por tanto, se espera que los países cuyos fundamentos económicos antes de la pandemia eran débiles sean los que más sufran si el descontento social se convierte en tensión.

El impacto económico de la tensión también varía según el tipo de evento: las protestas motivadas por inquietudes socioeconómicas dan como resultado contracciones más profundas del PIB, en comparación con las asociadas principalmente con la política o las elecciones. Los impactos más importantes los generan las manifestaciones desencadenadas por una combinación tanto de factores socioeconómicos como políticos, similar a lo que sucedió en Túnez y en Tailandia a principios de este año.

Las políticas importan

Las protestas públicas pueden expresar la necesidad de un cambio de políticas. Los gobiernos deben escuchar y responder, pero también, intentar anticipar las necesidades de la gente con políticas dirigidas a proporcionar una oportunidad justa de prosperidad para todos. Impulsar el empleo, frenar el impacto a largo plazo de la crisis y proteger a quienes se han quedado atrás deben seguir siendo prioridades. Un reciente estudio del personal técnico del FMI señala que, para tener éxito y evitar conflictos, las reformas deben realizarse con un amplio diálogo social sobre el papel del Estado y sobre cómo financiar de forma sostenible la presión sobre el presupuesto. De otro modo, los costos económicos de la pandemia se verán agravados por los costos de la tensión resultante.