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Trilema para las autoridades económicas

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Imagine que es una autoridad a cargo de la política económica en África subsahariana. Su misión es sacar a su país de la peor crisis sanitaria de la que se tenga memoria, y nadie sabe cuándo terminará: la segunda ola que azotó la región al inicio del año ha amainado pero, aun así, muchos países se preparan para afrontar nuevas olas con la llegada del invierno.

Una buena noticia es que la recuperación mundial está en curso. Las principales economías se están recuperando con fuerza, el comercio mundial ha mejorado, los precios de los materias han subido y se han reanudado los flujos de inversión.

La mala noticia es que, al menos para África subsahariana, las perspectivas de crecimiento a corto plazo son algo más pesimistas. Además, mientras que la vacunación generalizada siga fuera de alcance, deberá enfrentar la tarea nada envidiable de intentar impulsar la economía y, a la vez, hacer frente a nuevos brotes de COVID-19 cuando surjan.

Los tres retos

 Esta es la situación actual de muchos ministros de Hacienda en África subsahariana. Enfrentan tres retos inmediatos: primero, atender las mayores necesidades de gasto; segundo, contener un alza pronunciada de la deuda pública y, por último, movilizar más ingresos tributarios.

La forma en que las autoridades gestionen este trilema influirá muchísimo en los resultados económicos y sociales de los próximos años.

Esto requiere encontrar un muy difícil equilibrio ya que, inevitablemente, todo esfuerzo por afrontar uno de los retos complicará los otros dos aspectos. Para aumentar el gasto, por ejemplo, será necesario que las autoridades o bien se endeuden más o bien aumenten los impuestos. O ambas cosas. Por otra parte, aumentar los ingresos fiscales, aunque sea una tarea difícil desde el punto de vista político y social, proporcionaría los recursos tan necesarios para ya sea incrementar el gasto o contener el crecimiento de la deuda. O ambas cosas.

Necesidad de gasto público

Incluso antes de la crisis del coronavirus, y en el contexto de un rápido crecimiento demográfico, las necesidades de desarrollo de África subsahariana ya eran formidables.

A raíz de la crisis, el desarrollo regional se retrasó casi una década, lo que hace que la necesidad de gasto sea aún más acuciante. Por ejemplo, el empleo en la región disminuyó alrededor de 8,5% en 2020 debido a la COVID-19. Más de 32 millones de personas cayeron en la pobreza, y las perturbaciones sufridas en la enseñanza han puesto en riesgo las perspectivas de toda una generación de escolares.

Además, gran parte de los trabajadores más marginalizados de la región se concentraba en algunos de los sectores más golpeados, lo que agravó la desigualdad.

En este contexto, lógicamente, se ha intensificado la necesidad de incrementar el gasto social, y de invertir en salud, educación e infraestructura. Y la presión no hará sino intensificarse, ya que para 2030 casi uno de cada dos nuevos participantes en la fuerza laboral mundial provendrá de‑África subsahariana.

Crecientes preocupaciones por la deuda

Aunque varía según el país, la deuda pública de África subsahariana aumentó a casi 58% del PIB en 2020, el nivel más alto en casi 20 años y un salto de más de 6 puntos porcentuales en apenas un año.

Aunque inferior a los máximos de comienzos de la década de 2000, sigue siendo preocupante en muchos casos debido al aumento constante de la carga financiera.

En 2020, por ejemplo, los pagos de intereses alcanzaron el alarmante nivel de 20% del ingreso fiscal para la región en su conjunto, y en varios casos superaron un tercio del ingreso, lo cual desviaba recursos escasos que podían haberse destinado a acuciantes necesidades sociales y de desarrollo.

Pocos avances en cuanto a recaudación fiscal

Una mayor movilización de ingresos fiscales suele ser el principal instrumento de política económica para cerrar la brecha entre la presión del gasto y una deuda pública sostenible. Pero los avances en este frente en general han sido lentos. Los requisitos específicos para la recaudación varían de un país a otro: en algunos, la atención ha de centrarse en racionalizar las exenciones; en otros, quizá en hacer más eficientes los sistemas tributarios. Pero en casi todos los casos, subir los impuestos es difícil desde el punto de vista político, y peor en las circunstancias actuales en que la crisis ha absorbido los recursos de muchas empresas y hogares. De hecho, en algunos países, muchos han recurrido a la indulgencia tributaria o han postergado los pagos de tributos para llegar a fin año.

El equilibrio justo

Conjugar estas necesidades contrapuestas nunca ha sido fácil. Y la pandemia ha hecho aún más difícil encontrar la combinación justa. Pero cruzarse de brazos no es una opción válida. Cada país enfrenta su propio conjunto de necesidades y disyuntivas, pero cada uno debe encontrar la mejor forma de salir adelante.

La comunidad internacional puede ofrecer un alivio invalorable. La necesidad inmediata es, desde luego, garantizar que todos los países tengan acceso rápido a las vacunas y a un costo razonable. Pero, en general, la comunidad internacional puede apuntalar la recuperación regional aportando recursos que ayuden a simplificar el trilema, por ejemplo, con donaciones, financiamiento en condiciones concesionarias, la prórroga de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda del G-20 o, en algunos casos, el tratamiento de la deuda conforme al Marco Común.

Pero el esfuerzo mayor debe provenir de la propia África subsahariana. Hoy más que nunca se necesitan reformas enérgicas y transformadoras.

Para dar lugar a una recuperación robusta tras la COVID, las autoridades deben buscar oportunidades para multiplicar las posibles soluciones al trilema. En cuanto al gasto, por ejemplo, promover la transparencia y las reformas de la gestión de gobierno puede mejorar la eficiencia del gasto público y garantizar que los escasos recursos públicos se destinen a quienes más lo necesitan.

Por el lado de los ingresos, la transparencia y la focalización mencionadas tienden a incentivar el cumplimiento tributario. Las iniciativas para mejorar la administración fiscal, por ejemplo, mediante el uso de nuevas tecnologías digitales, pueden ampliar la base tributaria. Y en términos más generales, las autoridades deben buscar formas de recaudar más ingresos de una forma que proteja a los vulnerables y al crecimiento.

En cuanto a la sostenibilidad de la deuda, se necesitan marcos fiscales a mediano plazo para lograr un equilibrio entre la política fiscal expansiva, necesaria a corto plazo, y la consolidación a mediano plazo, fundamental para contener los costos del endeudamiento y preservar la confianza, sobre todo si la deuda es elevada y el financiamiento escaso.

Complementariamente, las autoridades deberían acelerar las reformas para fomentar la actividad del sector privado y la diversificación económica, lo que ayudará a mejorar el crecimiento potencial y la resiliencia, y a crear empleo. Pronto publicaremos un análisis sobre las ventajas a largo plazo de las medidas para fomentar la inversión privada.

En todas estas esferas, ya sea a través de programas, financiamiento de emergencia, asistencia técnica o, simplemente, asesoramiento sobre políticas, el FMI está dispuesto a ayudar.

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