(foto: Jane Hahn/IMF Photos)

Por Federico J. Díez, Romain Duval, Chiara Maggi y Nicola Pierri

(English)

La pandemia ha asestado un golpe especialmente duro a las pequeñas y medianas empresas, en parte porque estas predominan en algunos sectores de contacto intensivo, como hoteles, restaurantes y actividades de ocio. Como resultado, muchas economías avanzadas corren el riesgo de sufrir una ola de liquidaciones que podría destruir millones de empleos, infligir daños en el sistema financiero y minar una recuperación económica ya de por sí frágil. Las autoridades económicas deben adoptar sin demora nuevas medidas para aliviar esta ola.

El abundante respaldo de liquidez a través de préstamos, garantías de créditos y moratorias sobre los pagos de la deuda ha protegido a muchas pequeñas y medianas empresas del riesgo inmediato de quiebra. Pero el respaldo de liquidez no puede hacer frente a los problemas de solvencia. A medida que las empresas acumulan pérdidas y se endeudan para seguir funcionando, se arriesgan a ser insolventes, con una carga de deuda muy superior a su capacidad de reembolso.

Un nuevo estudio del personal técnico del FMI cuantifica este riesgo para la solvencia y los resultados son preocupantes. Se proyecta que, en 2021, la pandemia incremente la proporción de pequeñas y medianas empresas insolventes, de 10% a 16%, en las 20 economías más avanzadas de Europa y la región de Asia y el Pacífico. Este aumento podría tener una magnitud similar al aumento de las liquidaciones en los cinco años posteriores a la crisis financiera mundial de 2008, pero tendría lugar en un período de tiempo mucho más breve. Las insolvencias que se proyectan pondrían en riesgo unos 20 millones de empleos (más de 10% de los trabajadores empleados por pequeñas y medianas empresas), prácticamente igual al número total de trabajadores actualmente desempleados, en los países que objeto del análisis.

Además, el 18% de las pequeñas y medianas empresas también podrían tener problemas de liquidez (podrían no disponer de efectivo suficiente para atender sus obligaciones financieras inmediatas), lo cual destaca la necesidad de no retirar el respaldo de liquidez.

Las implicaciones para los bancos son otro motivo de preocupación. El aumento de las insolvencias de pequeñas y medianas empresas podría desencadenar incumplimientos de pagos y provocar cancelaciones de deuda importantes, lo que mermaría el capital de los bancos. En los países duramente afectados —principalmente del sur de Europa—, los coeficientes de capital de nivel 1 de los bancos (un indicador clave de su solidez financiera) podrían disminuir en más de 2 puntos porcentuales. Los bancos más pequeños se verían incluso más afectados, ya que suelen especializarse en prestar a empresas más pequeñas: una cuarta parte de estos bancos podría sufrir una caída de al menos 3 puntos porcentuales en sus coeficientes de capital, mientras que el 10% podría afrontar una caída incluso mayor, de al menos 7 puntos porcentuales.

Inyecciones de «cuasi»capital

En comparación con crisis anteriores, en esta ocasión el argumento a favor del respaldo público a la solvencia es más claro. Dada la enorme magnitud del problema, los costos de las quiebras para la sociedad superan con creces los costos para los deudores y acreedores individuales. Por ejemplo, si los tribunales se ven desbordados por una ola de insolvencias, es posible que reestructuren las empresas viables y que en cambio las empujen hacia la liquidación. A esto le seguirían pérdidas excesivas en las redes productivas de valor, el capital humano y el empleo.

En la práctica, los países con grados adecuados de espacio fiscal, transparencia y rendición de cuentas podrían considerar inyecciones de cuasicapital en las pequeñas y medianas empresas. De hecho, varios países ya están estudiando esta posibilidad, especialmente en Europa. Una opción es que los gobiernos amplíen los «préstamos participativos», mediante préstamos nuevos o la conversión de otros ya existentes. Estos préstamos podrían estar subordinados al resto de activos de deuda existentes y su pago podría estar indexado en parte a los beneficios de la empresa. Identificar las empresas que se han de focalizar  —es decir, las insolventes a causa de la pandemia pero con modelos de negocio viables— es muy difícil. Por esta razón, los gobiernos podrían considerar poner como condición para su respaldo que los inversionistas privados (como los bancos) inyecten capital, con lo cual al mercado le correspondería tomar la iniciativa para decidir si una empresa es viable. Francia, Italia e Irlanda han propuesto o aprobado políticas para incentivar a los inversionistas privados a que contribuyan al capital. También, el apoyo podría escalonarse en el tiempo, disponiendo que los nuevos tramos se desplieguen solo si se disipan las dudas sobre la viabilidad.

Las inyecciones focalizadas de cuasicapital serían mucho más eficientes y potentes que el suministro de apoyo a todas las empresas. Las inyecciones generales (globales) benefician a dos tipos de empresas que no deberían recibir respaldo a la solvencia: las que no lo necesitan porque son solventes incluso en plena crisis, y las que hubieran sido insolventes incluso sin la pandemia y que también son menos productivas. Como muestra, un programa de apoyo focalizado con un presupuesto de aproximadamente medio punto porcentual del PIB global de los 20 países analizados devolvería a más del 80% de las empresas correctas (viables pero actualmente insolventes) a una situación de patrimonio neto cero (una definición mínima de solvencia). Esta cifra representa cuatro veces más de lo que se lograría con un enfoque global que apoyara a todas las pequeñas y medianas empresas sin distinción.

Reforzar los mecanismos de insolvencia y reestructuración de la deuda

Incluso con medidas de respaldo público, es probable que aumenten las insolvencias de pequeñas y medianas empresas. Por tanto, será necesario un conjunto integral de herramientas de insolvencia y reestructuración de la deuda para que el sistema de procedimientos de insolvencia soporte la presión adicional. Estas herramientas incluyen mecanismos específicos de reestructuración extrajudiciales, la reestructuración híbrida y el fortalecimiento de los procedimientos de insolvencia, como por ejemplo una reorganización simplificada de las empresas más pequeñas. Como las liquidaciones podrían ser excesivas, incluso en el contexto de procedimientos de insolvencia que funcionen adecuadamente, los gobiernos podrían ofrecer incentivos financieros para inclinar la balanza hacia la reestructuración.

Para conseguir que la recuperación sea fuerte, los gobiernos de las economías avanzadas deben abordar el problema del riesgo de dificultades de las pequeñas y medianas empresas. La combinación de respaldo de liquidez continuo, inyecciones de cuasicapital y mejora de los mecanismos de reestructuración podría contribuir en gran medida a ese objetivo.