(foto: Raphael Alves/IMF Photos)

Por David Amaglobeli, Vitor Gaspar y Paolo Mauro

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La pandemia de COVID-19 está agudizando el círculo vicioso de la desigualdad. Para romper esta pauta y dar a todos una oportunidad justa de prosperar, los gobiernos tienen que mejorar el acceso a los servicios públicos básicos —como la atención sanitaria (incluida la vacunación) y la educación— y fortalecer las políticas redistributivas.

Para la mayoría de los países, esto exigiría obtener ingresos adicionales y mejorar la eficiencia del gasto. Estas reformas deben complementarse con la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas, que puede ayudar a mejorar la confianza general en el gobierno y contribuir a aumentar la cohesión en las sociedades.

 COVID-19 y desigualdad

 La desigualdad es una condición preexistente que ha empeorado el impacto de la COVID-19. Las disparidades en el acceso a servicios básicos han contribuido a que los resultados sanitarios sean desiguales. De acuerdo con nuestro estudio, los países con peor acceso a atención sanitaria, aproximado por el número de camas de hospital, han tenido tasas de mortalidad por COVID-19 más altas de lo previsto en función del número de casos y la estructura de edad. De forma similar, nuestro análisis muestra que los países con mayor pobreza relativa han tenido tasas más altas tanto de casos como de fallecimientos.

Además, la COVID-19 también está aumentando las desigualdades. Un ejemplo es la educación de los niños. Nuestro análisis estima que, con los cierres generalizados de escuelas, las pérdidas educativas en 2020 corresponden a una cuarta parte del curso escolar en las economías avanzadas y al doble en las economías de mercados emergentes y en desarrollo. Los niños de familias más pobres se han visto afectados de forma desproporcionada. Estimamos que hasta 6 millones de niños de economías de mercados emergentes y en desarrollo podrían abandonar la escuela en 2021, con consecuencias negativas para toda la vida.

Además, los grupos más vulnerables son los que se han visto afectados con mayor dureza por la pandemia. La pérdida de empleo entre los trabajadores con menores cualificaciones y más jóvenes ha sido mayor que entre quienes tienen trabajos con mayores cualificaciones. De igual forma, los grupos étnicos desfavorecidos y los trabajadores del sector informal se han visto afectados con mayor dureza. Y las mujeres, que suelen estar sobrerrepresentadas en los sectores más afectados por la COVID-19, como la hostelería y el comercio minorista, se han visto especialmente afectadas por la pandemia, sobre todo en países más pobres.

Un enfoque integral

Para romper el ciclo de la desigualdad son necesarias políticas predistributivas y redistributivas. Con las primeras, los gobiernos aseguran el acceso a servicios públicos básicos y a empleos de calidad, lo que hace posible reducir la desigualdad de ingresos antes de la redistribución del gobierno mediante impuestos y transferencias.

La inversión en educación, atención sanitaria y desarrollo de la primera infancia puede tener un gran efecto en la mejora del acceso a esos servicios y, así, a oportunidades de por vida. Si los gobiernos aumentaran el gasto en educación, por ejemplo, un 1% del PIB, podrían reducir la brecha en las tasas de matriculación entre las familias más ricas y las más pobres en casi una tercera parte. Además de aumentar el gasto, todos los gobiernos deben centrarse en reducir las ineficiencias en el gasto, que son considerables, sobre todo en países más pobres.

La crisis de la COVID-19 ha demostrado la importancia vital de contar con una buena red de protección social que pueda activarse con rapidez para proporcionar ayuda de emergencia a las familias con problemas. El gasto social elevado es eficaz para reducir la pobreza solo si ofrece la asistencia adecuada y cubre a los segmentos más pobres de la sociedad. Elaborar y mantener registros sociales exhaustivos con un sistema de identificación de ciudadanos fiable es una buena inversión. Estos elementos se complementarían, preferiblemente, con mecanismos eficaces de distribución, como los pagos electrónicos y, donde el acceso a cuentas bancarias sea limitado, las transferencias de dinero móvil.

Mejorar el acceso a servicios públicos básicos exigirá recursos adicionales, que pueden movilizarse, según las circunstancias, mediante el fortalecimiento de la capacidad tributaria general. Muchos países podrían recurrir más a impuestos inmobiliarios y sobre sucesiones. Los países también podrían aumentar la progresividad fiscal ya que algunos gobiernos tienen margen para incrementar las tasas marginales del impuesto sobre la renta personal, mientras que otros podrían centrarse en eliminar vacíos en la tributación a los ingresos del capital. Además, los gobiernos podrían considerar la recaudación de contribuciones temporales para la recuperación de la COVID-19, como complementos a los impuestos sobre la renta personal de los hogares de renta alta, y la modernización de la tributación sobre la renta de las sociedades. En las economías de mercados emergentes y los países de bajo ingreso en particular, también podrían obtenerse ingresos adicionales a través de impuestos sobre el consumo para financiar el gasto social. Además, los países de bajo ingreso necesitarán apoyo de la comunidad internacional para financiar e implementar reformas tributarias y del gasto de carácter interno.

Es necesario un fuerte apoyo público

Los gobiernos podrían considerar el desarrollo de conjuntos de medidas de política que prometan ampliar el acceso a servicios públicos y mejorar la protección ante shocks a los ingresos, al tiempo que respalden una recuperación inclusiva y generadora de empleo. En algunos países, el apoyo público para mejorar el acceso a servicios básicos, financiado mediante el aumento de impuestos, ha sido fuerte y podría aumentar con la pandemia. Una encuesta reciente en Estados Unidos muestra que quienes han experimentado personalmente el impacto de la COVID-19, ya sea en forma de enfermedad o de desempleo, han desarrollado una mayor preferencia por la tributación más progresiva.

Estas políticas deben integrarse en los marcos fiscales a mediano plazo y complementarse con medidas que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas. También se necesitan mejoras importantes en la eficiencia del gasto. La experiencia de pandemias anteriores muestra que es mucho lo que está en juego, porque la confianza en el gobierno puede deteriorarse con rapidez y contribuir al aumento de la polarización. Las medidas firmes de los gobiernos para prestar los servicios necesarios y fomentar el crecimiento inclusivo pueden contrarrestar esta tendencia y contribuir a mejorar la cohesión social.