Vendedores ambulantes en Ciudad de México, México, donde se proyecta una recuperación económica moderada en 2020 (foto: iStock/Starcevic)

PAÍSES EN EL FOCO DEL FMI

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El crecimiento en América Latina y el Caribe se está desacelerando. Se espera que la región crezca un 0,2 por ciento este año, en medio de continuas tensiones comerciales, un menor crecimiento mundial, precios moderados de las materias primas en América Latina, y una fuerte incertidumbre en torno a las políticas económicas en algunas economías importantes. Para impulsar la recuperación económica y crear más empleos, la región dependerá de factores internos que impulsan el crecimiento, como el consumo y la inversión, según la última edición de Perspectivas económicas: Las Américas del FMI.

En una entrevista con Alejandro Werner, Director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, analizamos las conclusiones del informe, los recientes tensiones sociales en la región y los últimos acontecimientos en Argentina y Ecuador.

En la edición de Perspectivas económicas: Las Américas del año pasado se analizó la evolución de la desigualdad y la pobreza en la región. ¿Cómo han evolucionado estos indicadores desde entonces? y ¿tienen los gobiernos las políticas adecuadas para abordar la situación?

Nuestro estudio del año pasado se basó en datos anteriores a 2015. Todavía tenemos que analizar en detalle los datos más recientes para hacer una evaluación más definitiva sobre cómo la desigualdad de ingresos y la pobreza han evolucionado desde entonces. Pero lo que queda claro de los datos que salen en varios países, es que con la desaceleración del crecimiento de la región en su conjunto en los últimos 3-4 años, el avance en la lucha contra la pobreza y la desigualdad también se ha ralentizado y posiblemente se ha revertido en algunos países. Esto plantea un desafío significativo. Los altos niveles de desigualdad y la falta de oportunidades económicas siguen siendo una fuente de descontento para la población y perjudican el crecimiento económico.

Con esto en mente, la clave para los gobiernos es continuar respaldando un crecimiento más fuerte que sea más inclusivo y fortalecer los gastos y programas sociales bien focalizados para proteger a los grupos más vulnerables. Al mismo tiempo, muchos gobiernos de la región tienen que lidiar con altos niveles de deuda pública. Este es un desafío porque, en última instancia, puede afectar su capacidad para cumplir con sus obligaciones, como pagar salarios, invertir en salud, infraestructura y educación. Abordar estos dos problemas importantes continua siendo una prioridad en el diseño de los recientes programas respaldados por el FMI.

La corrupción también está afectando a las economías de la región. ¿Cómo está abordando esto el FMI?

La corrupción es un problema. Corroe la capacidad del gobierno para ayudar a las economías a crecer de una manera que beneficie a todos los ciudadanos. Las empresas se centran en construir conexiones de beneficio particular, mientras que los políticos orientan el gasto a áreas donde la malversación de fondos públicos resulta más fácil, en lugar de centrarse en el bienestar social. La corrupción también priva a los pobres de bienes públicos esenciales, como atención médica y educación decentes, que están disponibles para aquellos que están bien conectados. En términos más generales, la corrupción corroe la legitimidad del Estado y socava el apoyo para la implementación de políticas públicas.

Para enfrentar la corrupción, la región lanzó recientemente varias iniciativas, entre otras: i) los cambios en las leyes de financiamiento de campañas en Perú, ii) el nuevo portal de datos de gobierno abierto en Paraguay, y iii) la inauguración de la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República en Ecuador. Estamos comprometidos a ayudar a nuestros países miembros en la lucha contra la corrupción mediante asistencia técnica, asesoramiento sobre políticas y en el contexto de nuestros programas.

¿Cómo está afectando la crisis humanitaria y migratoria venezolana al resto de la región?

En primer lugar, Venezuela está experimentando una grave crisis humanitaria, que desencadena grandes flujos migratorios en toda la región. Observando las tendencias actuales, se espera que el número de migrantes de Venezuela llegue a 6 millones de personas para fines de 2019. También se estima que alrededor del 90 por ciento de estos migrantes se establezcan en la región de América Latina y el Caribe, lo que ejercerá presiones inmediatas sobre las necesidades de gasto público y los mercados laborales.

Por supuesto, con el tiempo, los migrantes integrados en los distintos países podrían contribuir a un mayor crecimiento económico. Un desafío clave para las autoridades de la región es cómo gestionar la transición en un momento en que la actividad económica se ha desacelerado y varios países necesitan reducir sus déficits fiscales. Este problema es particularmente grave para los países que han recibido grandes flujos migratorios en relación a su población local, incluidos algunos estados pequeños del Caribe, así como también en Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

Argentina tuvo una elección ayer, ¿cuáles son los próximos pasos en el contexto del compromiso con el FMI?

Como dijo hoy la Directora Gerente del FMI, felicitamos al Presidente electo Alberto Fernández por su elección. Esperamos con interés trabajar junto con su administración para enfrentar los desafíos económicos de Argentina y promover un crecimiento inclusivo y sostenible que beneficie a todos los argentinos.

Ecuador enfrenta importantes desafíos económicos y sociales. ¿Cómo ayuda el programa respaldado por el FMI a enfrentar estos desafíos?

En primer lugar, quiero decir que hemos seguido muy de cerca la situación en Ecuador y me gustaría extender nuestra solidaridad a todos los afectados por los recientes acontecimientos. Nuestra prioridad y el objetivo del gobierno ha sido establecer políticas económicas que aborden los desafíos existentes en el país, tales como disminuir la deuda, reforzar el crecimiento, apoyar la inversión en salud y educación, lo cual a la larga conlleva mejorar la vida de todos los ecuatorianos.

Me gustaría destacar dos pilares importantes del plan económico del gobierno que son clave para nosotros. Primero, el programa del gobierno apoyado por el FMI prevé explícitamente un aumento sustancial de los recursos para la protección social con el objetivo de proteger a los pobres y vulnerables. El gobierno ha anunciado recientemente un aumento tanto en las cantidades como en la población cubierta por los esquemas de protección social. En segundo lugar, el programa también tiene como objetivo restaurar la transparencia y la buena gestión de gobierno, incluidos los esfuerzos para mejorar la rendición de cuentas en el sector petrolero, combatir la corrupción y hacer que las cuentas públicas sean accesibles para todos los ciudadanos. El gobierno también busca aumentar la competitividad y crear más empleos al reducir las barreras para la contratación y promover la participación de más mujeres en la fuerza laboral.

Jamaica concluyó con éxito su programa respaldado por el FMI; ¿Cuáles son algunas de las enseñanzas extraídas de esta experiencia?

La firme implementación de las reformas de Jamaica arrojó muchos logros, tales como la reducción de la deuda pública en 50 puntos porcentuales del PIB desde 2013 a menos del 95 por ciento del PIB y la reducción de la tasa de desempleo a un mínimo histórico de 7,8 por ciento.

Un elemento clave para el éxito del programa fue el establecimiento del Comité de Supervisión del Programa Económico, que fue liderado por miembros de la sociedad civil, incluidas diversas partes interesadas y partidos políticos, así como una comunicación constante para mantener informado al público y llevar a cabo las reformas. De este liderazgo surgió el compromiso de cumplir todas sus promesas. Un gran ejemplo.

Otra lección importante para otros países es el beneficio que conlleva la introducción gradual de reformas difíciles. Por ejemplo, la transición de impuestos directos a indirectos se realizó gradualmente en dos años, mientras que el aumento en las contribuciones de pensiones de los empleados públicos y la recapitalización del banco central se ejecutó gradualmente en tres años.

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